La dinámica política del Estado oligárquico

 Probablemente, permanezca en nosotros la idea de que la vida política salvadoreña en las últimas tres décadas del siglo XIX se redujo a golpes de Estado, gobiernos de caudillos militares e irrespeto a los derechos civiles. Aunque ello ocurrió, también funcionaron ciertos mecanismos e instituciones que favorecieron la competencia por el poder. Elecciones ciudadanas para presidentes, diputados y municipalidades se realizaron constantemente a pesar de que estuvieron marcadas por fraudes y conflictos entre las diversas facciones políticas que participaron. Estas elecciones fueron directas y nada más participaron los hombres mayores de 18 años. En algunos casos, se les exigió saber leer y escribir o haber participado en las milicias. Sin embargo, el derecho ciudadano quedó circunscrito a la residencia, al practicar algún oficio conocido y no haber sido deudor de la hacienda pública.

Más que dos partidos o facciones políticas en competencia por el poder (conservadores y liberales), lo que hubo fue una amplia gama de asociaciones lideradas por intelectuales o profesionales que, gracias a las redes clientelares, a la formación de clubes literarios, logias francmasónicas y a la apertura de que gozó la opinión pública, principalmente en las publicaciones periódicas, pudieron formarse para presentarse en las elecciones. Junto a los dirigentes políticos y sus aliados locales, la clase emergente de ricos productores agrícolas, comerciantes y exportadores comenzó a tener una importante participación en las decisiones y la orientación de los dirigentes políticos.

La vida política salvadoreña estuvo, entonces, caracterizada por golpes de Estado, levantamientos populares, procesos electorales con participación ciudadana, aplicación del monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado – tanto bajo métodos infamantes como otros más acordes al espíritu liberal de la época – y formación de facciones políticas que compitieron por el poder.
Veámoslo rápidamente en los últimos 20 años del siglo XIX. El gobierno de Rafael Zaldívar, por ejemplo, cayó en 1885 por obra de un levantamiento popular dirigido por Francisco Menéndez, en el que participaron los indios de Cojutepeque y diversos pueblos de Occidente, los artesanos capitalinos y un sector de la oligarquía de Santa Tecla opuesta al Gobierno.

La política social y económica de Zaldívar le había ganado la enemistad de los grupos populares, mientras que un sector de la elite estaba dispuesto a ir a la guerra para vencerlo, a pesar de haberlo apoyado durante sus primeros años en el poder. Aunque no se manifestaba abiertamente, es de suponer que algunos estaban resentidos con el régimen de Zaldívar porque solo la camarilla que rodeaba al mandatario había disfrutado de las ventajas del poder. Esta fue la primera vez que la clase emergente de propietarios ricos participó directamente en la oposición política y militar a un gobernante que consideraban ajeno a sus intereses. Pero las divergencias políticas iban más allá de los simples
intereses personales. Los opositores consideraban que Zaldívar no había cumplido con los preceptos fundamentales del liberalismo, especialmente los relacionados con los derechos ciudadanos, tales como libertad de expresión, democracia representativa, igualdad de los ciudadanos ante la ley y supresión de la tortura (las llamadas “penas infamantes”). Aunque estos derechos se habían incluido en las Constituciones promulgadas hasta entonces, no se habían respetado.

Como ejemplo puede mencionarse el asunto de los castigos corporales que habían sido expresamente prohibidos por todas las Constituciones salvadoreñas desde la Independencia. Sin embargo, las leyes secundarias permitían su utilización como parte de los castigos judiciales. Frecuentemente, los jueces condenaban a los delincuentes no solo a permanecer determinado tiempo en la cárcel, sino también a recibir determinado número de azotes. Por el robo de un caballo o de algunos sacos de café, el condenado debía sufrir el tormento de doscientos o trescientos palos. En 1881, siendo presidente Zaldívar, el Poder Legislativo emitió un decreto que prohibía los castigos corporales por ser contrarios a la Constitución vigente. Sin embargo, estos castigos se siguieron practicando con mucha regularidad.

Las dificultades para hacer respetar la ley

La forma en que el Estado comenzó a organizar la administración de justicia en el país puede estudiarse en los archivos judiciales. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación (AGN), en San Salvador, se encuentran abundantes expedientes de causas judiciales seguidas en diversos departamentos. Estas causas ilustran las dificultades que tuvieron las autoridades para hacerse respetar de parte de una población que no estaba acostumbrada a obedecer la ley o a aceptar los castigos por violarla.
Un caso típico del enfrentamiento entre estas autoridades y los habitantes del campo salvadoreño ocurrió en 1883 en Chalchuapa, cuando el comisionado Policarpo Guevara tuvo un enfrentamiento con los campesinos Félix, Eustaquio y Daniel González.

El comisionado denunció el caso ante los tribunales, declarando que él y su auxiliar andaban celando el orden en el Valle de las Flores cuando los González se les opusieron a mano armada. El caso es que el comisionado encontró a estos discutiendo y disparando sus revólveres. Entonces les ordenó que entregaran las armas y, según declaró el testigo Secundino Méndez, fue entonces cuando… se le fueron para encima [al comisionado] los tres González y lo botaron al suelo, quedando debajo de todos ellos a excepción de Secundino Méndez, que solo estaba parado viendo la riña. Entonces, continuó declarando
Méndez, él vio… que agarraron al comisionado de las manos y del pelo, que al pararse el comisionado de donde lo tenían botado, Daniel González disparó un tiro de revólver con dirección adonde se hallaba el comisionado no hiriéndole a él sino a un caballo que estaba detrás del citado comisionado... y en esos instantes volvieron a agarrar al mismo comisionado Policarpo Guevara, pero luego lo soltaron y entonces el comisionado trató de buscar auxilio... pero Eustaquio González lo alcanzó... y le pegó al comisionado unos riendasos...

El jurado condenó únicamente a Félix González y el juez procedió a ordenar el embargo de sus bienes. Como Félix declaró que él no poseía bienes, el juez ordenó averiguar si era cierto, llamando a declarar a algunas personas que conocían al imputado. Entre éstos estaba Ignacio Morán quien dijo que “...hace mucho tiempo que conoce al reo... y que no le conoce más bienes que una casa que vendió a don Zenón Martínez para alimentarse en estas cárceles”. El reo Félix González fue condenado a cuatro años de prisión.

El proceso de fortalecimiento del Estado.

Los estados modernos han representado un poder centralizado, cuya manifestación se ha visualizado en un conjunto de instituciones independientes de la sociedad, por las que se construye una dominación sobre la misma sociedad. Dicha dominación ha sido de diversa índole: judicial, económica, política, militar e ideológica. Quizá la forma más conocida del Estado ha sido el Gobierno, o los denominados tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Desde la Constitución de 1824, las autoridades del país establecieron esa división de poderes centrales (con uno más, el Representativo). Por supuesto, la lenta construcción de un poder centralizado no fue posible por sí mismo, sino gracias a la cooperación de diversas corporaciones (milicias, cuerpos de seguridad, municipalidades) y a una incipiente burocracia que apenas se formaba en los centros urbanos o rurales (gobernadores, jueces, letrados).

La formación del Estado salvadoreño fue, como dijimos, un proceso lento y no exento de dificultades o complicaciones. El Estado salvadoreño adquirió aún más fortaleza y estabilidad a partir de 1880 aproximadamente, a pesar de las injerencias políticas de los gobernantes guatemaltecos. Fue entonces cuando el aparato estatal empezó a tener una presencia efectiva en el territorio nacional o al menos en la región de mayor crecimiento económico: la región cafetalera de Occidente. Por ejemplo, las nuevas
leyes de la década de 1880 otorgaron al Estado la responsabilidad de hacer cumplir las nuevas normas legales que sentaron las bases para la economía agraria moderna. Estas incluyeron la privatización de las tierras comunales y garantías del cumplimiento de los contratos, especialmente aquellos entre peones y hacendados.
Sin embargo, una de las características fundamentales del Estado moderno fue su aconfesionalidad, es decir, la separación de sus funciones de la esfera religiosa. A este proceso se le conoce como separación Iglesia-Estado.

De ahí que una de las corporaciones decisivas en la formación del Estado salvadoreño fue la Iglesia Católica. Su papel fue ambiguo. Por una parte, fue una aliada ideológica del Estado, pues defendió y legitimó el poder político desde argumentos religiosos. Pero, por otra parte, su dominio en ciertos ámbitos, como la enseñanza primaria, la educación universitaria, la administración de cementerios, el matrimonio religioso o la censura eclesiástica, se convirtió en obstáculo para la construcción de un poder civil. No en vano hacia 1870, inició el proceso por el cual muchas de estas atribuciones de la Iglesia comenzaron a ser recortadas. Por ejemplo, se dictaron leyes que reglamentaron una enseñanza laica o secular en las escuelas; la administración de los cementerios pasó de manos de los párrocos a las municipalidades y en las constituciones se incorporaron artículos que minaron el monopolio psicológico que ejercía el catolicismo como, por ejemplo, cuando se declaró la libertad de culto.
Con todo ello, las autoridades civiles mostraron que no era posible obedecer a dos señores: al papado y al Estado.

Los cambios institucionales y jurídicos

Al acercarse el fin de siglo, casi todos los grupos sociales influyentes (hacendados, agricultores, campesinos, artesanos, profesionales y comerciantes) estaban más o menos de acuerdo en que el progreso del país era sinónimo de progreso de la economía de exportación, esto es, buscaron crear las condiciones adecuadas para asegurar el aumento de la participación salvadoreña en los mercados internacionales y de la producción para el mercado interno.
En este sentido, el liberalismo económico predominó como la forma de entender y promover el progreso económico. En la práctica, el Estado actuó para promover la expansión agrícola por diferentes medios. Como ocurre con las políticas económicas, el Estado buscó beneficiar a toda la nación; pero algunos grupos sociales se beneficiaron más que otros de estas políticas de liberalismo económico.

Entre las políticas económicas que impulsó el Estado salvadoreño, se puede mencionar la reducción de los impuestos a la exportación, para que los productores nacionales de café, añil y otros productos no tuvieran que pagar un impuesto mayor para enviar sus productos fuera del país. Más bien, el Estado se preocupó por cobrar impuestos a los artículos que se importaban al país. Otra medida importante fue el establecimiento de registros de la propiedad y otros registros de transacciones económicas para que el Gobierno pudiera regularizar las compras y las ventas de los productores agrícolas y a los comerciantes de todo el país.
Las medidas más importantes que se dictaron estaban encaminadas a liberar la propiedad de la tierra, especialmente de la más fértil, para el mercado de compra-venta. Esto significó que el Gobierno buscó supervisar las deudas e hipotecas. También, implicó que el Gobierno privatizara (es decir, colocar en manos de propietarios individuales) las tierras que hasta casi el fin de siglo estaban en manos de comunidades indígenas, ladinas y de las municipalidades. Además, el Estado vendió a especuladores y productores de todo tipo gran cantidad de otras tierras que eran consideradas propiedad nacional.

Una de las maneras en que el Estado intervino inicialmente en el fomento de la agricultura comercial fue reformando las leyes que tenían que ver con la tenencia de la tierra y con la agricultura en general. Debe recordarse que El Salvador pasó a la vida independiente con unas leyes de tenencia y ocupación de suelos que se habían heredado de tiempos de la Colonia. Esta tradición legal buscaba conciliar los intereses de hacendados y grandes productores con los de las comunidades campesinas indígenas y ladinas. Por eso, en la Colonia cada pueblo, ya fuera denominado oficialmente indígena o ladino, recibía alrededor de 40 caballerías de terreno en forma de ejidos. Después de la Independencia, el Gobierno salvadoreño siguió protegiendo el derecho de los pueblos a poseer ejidos y, eventualmente, les garantizó el control sobre sus propias tierras, llamadas legalmente desde 1867 “comunidades”, cada una con su propia personería jurídica.

La producción del café: aspectos técnicos y financieros

No fue suficiente, por supuesto, que haya habido una demanda en el mercado mundial para que el “grano de oro” se impusiera por encima de todos los otros productos de exportación de El Salvador. Para establecer una producción cafetalera de cualquier tamaño, un factor determinante fue la obtención de tierras de suficiente altura y fertilidad como para permitir el crecimiento y la productividad óptimos del árbol de café. A mediados del siglo XIX, El Salvador tenía muchas tierras adecuadas para el café, pero la mayor parte de estas nunca habían sido explotadas, excepto para la extracción de maderas y la caza de animales.
Antes de que fueran utilizadas para el café, muchas de estas tierras altas del occidente, centro y oriente del país estaban cubiertas de bosques de distintos tipos. Los empresarios o agricultores que quisieran establecer una finca de café primero tenían que preparar el terreno para la siembra de las plantitas, que previamente habían sido atendidas en semilleros. Parte de esa preparación consistía en despejar los suelos mediante la tala de algunos árboles, dejando en pie otra cantidad considerable que se conservaba para dar sombra a los cafetales.

Los productores también tenían que asegurar suficiente mano de obra para cuidar los árboles y limpiar los cafetales regularmente. Cuando los árboles comenzaban a producir granos de café, a los cinco o seis años de haber sido sembrados, el productor tenía que obtener suficiente mano de obra durante los meses de cosecha (generalmente de diciembre a febrero) para recoger todo el café y hacerlo llegar a los comerciantes o beneficiadores.
Esta mano de obra podía provenir de los propios miembros de la familia del productor o de trabajadores a quienes se les pagaba de acuerdo con el peso del grano que recogieran. En esta labor participaban adultos y niños de ambos sexos, pero en especial figuraban las mujeres y muchos trabajadores de la vecina República de Guatemala que venían a trabajar a El Salvador por unos meses al año. Además del cultivo propiamente dicho, la producción de café incluía una fase industrial mediante la cual se despulpaba la semilla y se secaba para que quedara solamente el grano. Al principio, durante los años de 1860 a 1880, no se usaba maquinaria compleja para este proceso. Existían unas máquinas pequeñas para despulpar y secar, algunas de las cuales fueron inventadas en El Salvador. A medida que la producción de café se expandió, algunos de los productores y comerciantes invirtieron en la compra de maquinaria más compleja, casi siempre de fabricación inglesa o norteamericana. Con esto, los beneficiadores lograban una mayor ganancia al comprar el grano sin procesar de muchos productores, ya fueran estos campesinos pequeños, medianos o agricultores mayores.

Para iniciar los trabajos del ciclo agrícola, muchos de los productores de café a menudo se endeudaban con los comerciantes, beneficiadores o exportadores. Comprometían la próxima cosecha para pagar el préstamo. Si el precio del café subía, el productor lograba cancelar el préstamo sin problema; pero si el precio bajaba, no podía hacerlo. Si estas deudas se acumulaban, los productores podían terminar perdiendo sus tierras a manos de sus acreedores. Esto dificultaba especialmente la participación de los pequeños propietarios en la producción cafetalera, pues, como no existían bancos que les prestara dinero, casi siempre tenían que depender de comerciantes o terratenientes grandes que cobraban tasas de interés de hasta el 2% mensual.