La dinámica política del Estado oligárquico

 Probablemente, permanezca en nosotros la idea de que la vida política salvadoreña en las últimas tres décadas del siglo XIX se redujo a golpes de Estado, gobiernos de caudillos militares e irrespeto a los derechos civiles. Aunque ello ocurrió, también funcionaron ciertos mecanismos e instituciones que favorecieron la competencia por el poder. Elecciones ciudadanas para presidentes, diputados y municipalidades se realizaron constantemente a pesar de que estuvieron marcadas por fraudes y conflictos entre las diversas facciones políticas que participaron. Estas elecciones fueron directas y nada más participaron los hombres mayores de 18 años. En algunos casos, se les exigió saber leer y escribir o haber participado en las milicias. Sin embargo, el derecho ciudadano quedó circunscrito a la residencia, al practicar algún oficio conocido y no haber sido deudor de la hacienda pública.

Más que dos partidos o facciones políticas en competencia por el poder (conservadores y liberales), lo que hubo fue una amplia gama de asociaciones lideradas por intelectuales o profesionales que, gracias a las redes clientelares, a la formación de clubes literarios, logias francmasónicas y a la apertura de que gozó la opinión pública, principalmente en las publicaciones periódicas, pudieron formarse para presentarse en las elecciones. Junto a los dirigentes políticos y sus aliados locales, la clase emergente de ricos productores agrícolas, comerciantes y exportadores comenzó a tener una importante participación en las decisiones y la orientación de los dirigentes políticos.

La vida política salvadoreña estuvo, entonces, caracterizada por golpes de Estado, levantamientos populares, procesos electorales con participación ciudadana, aplicación del monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado – tanto bajo métodos infamantes como otros más acordes al espíritu liberal de la época – y formación de facciones políticas que compitieron por el poder.
Veámoslo rápidamente en los últimos 20 años del siglo XIX. El gobierno de Rafael Zaldívar, por ejemplo, cayó en 1885 por obra de un levantamiento popular dirigido por Francisco Menéndez, en el que participaron los indios de Cojutepeque y diversos pueblos de Occidente, los artesanos capitalinos y un sector de la oligarquía de Santa Tecla opuesta al Gobierno.

La política social y económica de Zaldívar le había ganado la enemistad de los grupos populares, mientras que un sector de la elite estaba dispuesto a ir a la guerra para vencerlo, a pesar de haberlo apoyado durante sus primeros años en el poder. Aunque no se manifestaba abiertamente, es de suponer que algunos estaban resentidos con el régimen de Zaldívar porque solo la camarilla que rodeaba al mandatario había disfrutado de las ventajas del poder. Esta fue la primera vez que la clase emergente de propietarios ricos participó directamente en la oposición política y militar a un gobernante que consideraban ajeno a sus intereses. Pero las divergencias políticas iban más allá de los simples
intereses personales. Los opositores consideraban que Zaldívar no había cumplido con los preceptos fundamentales del liberalismo, especialmente los relacionados con los derechos ciudadanos, tales como libertad de expresión, democracia representativa, igualdad de los ciudadanos ante la ley y supresión de la tortura (las llamadas “penas infamantes”). Aunque estos derechos se habían incluido en las Constituciones promulgadas hasta entonces, no se habían respetado.

Como ejemplo puede mencionarse el asunto de los castigos corporales que habían sido expresamente prohibidos por todas las Constituciones salvadoreñas desde la Independencia. Sin embargo, las leyes secundarias permitían su utilización como parte de los castigos judiciales. Frecuentemente, los jueces condenaban a los delincuentes no solo a permanecer determinado tiempo en la cárcel, sino también a recibir determinado número de azotes. Por el robo de un caballo o de algunos sacos de café, el condenado debía sufrir el tormento de doscientos o trescientos palos. En 1881, siendo presidente Zaldívar, el Poder Legislativo emitió un decreto que prohibía los castigos corporales por ser contrarios a la Constitución vigente. Sin embargo, estos castigos se siguieron practicando con mucha regularidad.