El rápido crecimiento de las exportaciones de café hacía indispensable vincular la zona cafetalera en expansión con los puertos. En consecuencia, los gobernantes se dieron a la tarea de crear una red de caminos que vinculara las regiones central y occidental con los puertos de Acajutla y La Libertad.
Los gobernantes tampoco quisieron quedarse atrás con algunos avances tecnológicos de la época, sobre todo aquellos que no eran tan costosos. Por eso, en 1882 las poblaciones importantes en toda la República contaban con telégrafo, y el país, gracias a este revolucionario sistema, se comunicaba con el resto del mundo mediante un cable submarino. De esta manera, los cafetaleros podían conocer día a día los precios del grano en el mercado mundial. Por su parte, el gobierno podía tener noticias inmediatas de cualquier eventualidad que surgiese en cualquier punto del territorio nacional. Así, por ejemplo, cuando en 1884 los indígenas de Izalco se sublevaron, el presidente Zaldívar, gracias al telégrafo, conoció los hechos casi al mismo tiempo en que ocurrían, lo que permitió al Estado movilizar rápidamente las tropas y controlar la situación. Con esto se trata de lograr una presencia estatal - tanto simbólica como material - en el territorio nacional.
Como se dijo anteriormente, algunas actividades del Estado no le costaban nada, porque eran realizadas de manera gratuita por los ciudadanos (como el impuesto de caminos).
Pero, tenían que hacerse otras inversiones importantes para las cuales ni el Estado ni los particulares tenían recursos suficientes. Por ejemplo, los ferrocarriles, considerados necesarios para llevar el café a los puertos y transportar las importaciones a las ciudades, costaban mucho dinero, al igual que los muelles para los puertos. En estos casos, el Gobierno invitó a compañías extranjeras para que se instalaran en el país y construyeran estas obras por cuenta propia, ofreciéndoles concesiones atractivas para poder importar sus equipos sin pagar impuestos. La empresa inglesa Salvador Railway Company construyó el ferrocarril que une a San Salvador con las ciudades de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y Acajutla.
Posteriormente, la empresa norteamericana International Railways of Central America (IRCA) completó en 1920 la línea férrea que une al oriente del país con San Salvador y que llega hasta Metapán,
para conectarse con los ferrocarriles guatemaltecos propiedad de la misma empresa.
Otra inversión importante que se dejó en manos de una empresa extranjera fue la electrificación de San Salvador. En este caso, una empresa canadiense, Canadian Power and Light, fundó la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) para generar y distribuir electricidad en la ciudad capital.
Las concesiones que los Gobiernos hicieron a empresas extranjeras para la construcción de la infraestructura nacional no estuvieron exentas de problemas. Periódicos como El Pabellón Salvadoreño denunciaba, hacia 1886, la poca transparencia con que la administración de Francisco Menéndez llevaba a cabo algunas concesiones. Criticaba el “misterio” de la construcción del ferrocarril que unía Sonsonate con Santa Ana. Igualmente, denunciaba el despilfarro de la hacienda pública, pues había pagado 5 millones de pesos por un proyecto que costaba tan solo 600 mil. También le exigía a la compañía de minas de Metapán el 10% y no el 5% de ganancias para el Estado.
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