Los cambios institucionales y jurídicos

Al acercarse el fin de siglo, casi todos los grupos sociales influyentes (hacendados, agricultores, campesinos, artesanos, profesionales y comerciantes) estaban más o menos de acuerdo en que el progreso del país era sinónimo de progreso de la economía de exportación, esto es, buscaron crear las condiciones adecuadas para asegurar el aumento de la participación salvadoreña en los mercados internacionales y de la producción para el mercado interno.
En este sentido, el liberalismo económico predominó como la forma de entender y promover el progreso económico. En la práctica, el Estado actuó para promover la expansión agrícola por diferentes medios. Como ocurre con las políticas económicas, el Estado buscó beneficiar a toda la nación; pero algunos grupos sociales se beneficiaron más que otros de estas políticas de liberalismo económico.

Entre las políticas económicas que impulsó el Estado salvadoreño, se puede mencionar la reducción de los impuestos a la exportación, para que los productores nacionales de café, añil y otros productos no tuvieran que pagar un impuesto mayor para enviar sus productos fuera del país. Más bien, el Estado se preocupó por cobrar impuestos a los artículos que se importaban al país. Otra medida importante fue el establecimiento de registros de la propiedad y otros registros de transacciones económicas para que el Gobierno pudiera regularizar las compras y las ventas de los productores agrícolas y a los comerciantes de todo el país.
Las medidas más importantes que se dictaron estaban encaminadas a liberar la propiedad de la tierra, especialmente de la más fértil, para el mercado de compra-venta. Esto significó que el Gobierno buscó supervisar las deudas e hipotecas. También, implicó que el Gobierno privatizara (es decir, colocar en manos de propietarios individuales) las tierras que hasta casi el fin de siglo estaban en manos de comunidades indígenas, ladinas y de las municipalidades. Además, el Estado vendió a especuladores y productores de todo tipo gran cantidad de otras tierras que eran consideradas propiedad nacional.

Una de las maneras en que el Estado intervino inicialmente en el fomento de la agricultura comercial fue reformando las leyes que tenían que ver con la tenencia de la tierra y con la agricultura en general. Debe recordarse que El Salvador pasó a la vida independiente con unas leyes de tenencia y ocupación de suelos que se habían heredado de tiempos de la Colonia. Esta tradición legal buscaba conciliar los intereses de hacendados y grandes productores con los de las comunidades campesinas indígenas y ladinas. Por eso, en la Colonia cada pueblo, ya fuera denominado oficialmente indígena o ladino, recibía alrededor de 40 caballerías de terreno en forma de ejidos. Después de la Independencia, el Gobierno salvadoreño siguió protegiendo el derecho de los pueblos a poseer ejidos y, eventualmente, les garantizó el control sobre sus propias tierras, llamadas legalmente desde 1867 “comunidades”, cada una con su propia personería jurídica.